Vulnerables de los vulnerables: un llamamiento urgente

Unas cuarenta personas esperan el visto bueno del gobierno español para recibir atención médica inmediata en el estado.

Osman tenía 7 años cuando llegó a Idomeni con su familia desde Afganistán. Las condiciones ya de por sí precarias del campo, aún lo eran más para la familia del menor, con parálisis cerebral. Por si no fuera suficiente, Osman y su familia sufrieron de cerca las cargas y los gases lacrimógenos que la policía macedonia utilizó contra los manifestantes en la frontera, el mes de abril pasado. Fue entonces cuando los miembros de Bomberos en Acción conocieron su caso y trasladaron inmediatamente a la familia al lado de la Yellow Tent, uno de los puntos improvisados como centro médico en Idomeni, para controlar más de cerca el estado de salud del menor. Desde que la familia había llegado al campo, pocas semanas antes, Osman había perdido mucho peso y su salud era ya muy delicada.

Tal y como explica Javier Bodego, coordinador del proyecto de Bomberos en Acción en Idomeni, era necesario sacar a Osman del campo sí o sí antes de que fuera demasiado tarde. Por eso, al organización inició una campaña legal y mediática para que el gobierno español le concediera el visado para poder viajar y ser atendido en España. Pocas semanas después, él y su familia recibieron el permiso de asilo y se instalaron en Valencia, donde viven actualmente.

Pero como recordaba Bodego cuando se concedió el asilo a Osman, todavía quedan muchos como él en los campos de migrantes de Grecia. Su caso, sin embargo, marcó un punto de inflexión y a partir de entonces decenas de voluntarios, mayoritariamente de forma autónoma, empezaron a informar de situaciones de personas refugiadas que necesitaban atención médica urgente.

Según Gemma Poca, una de estas voluntarias, el objetivo era doble. Por un lado, hacía falta documentar lo que estaba pasando en Idomeni porque, si en el futuro se desmantelaba —como acabó pasando—, era necesario dejar constancia de ello. Por otro lado, servía para empezar a hacer los trámites legales para enviar a estas personas vulnerables a países con las condiciones adecuadas para tratarlos. Una vía que, con el caso reciente de Osman, parecía efectiva.

Desde verano en «stand-by»

Sahar es afgana y tiene una parálisis en las piernas que le provoca fuertes dolores y le reduce gravemente la movilidad. Inició su viaje hacia Europa en silla de ruedas con su familia, huyendo del régimen de terror de los talibanes en su país. Tanto ella como su familia habían estado amenazados de muerte porque pertenecen a una minoría religiosa chií que los talibanes consideran herética.

Según informes de algunas organizaciones médicas, como el Instituto Guttman, Sahar mejoraría mucho si se sometiera a tratamiento. Podría recuperar movilidad y aliviar considerablemente su dolor. Voluntarios catalanes facilitaron la información pertinente a la administración a fin de empezar los trámites para que viniera a Cataluña, y el caso se presentó al gobierno español el mes de julio pasado. Pero actualmente Sahar y su familia continúan esperando en un campo de refugiados militar en Grecia.

Como el suyo, hay unos cuarenta casos más en todo el Estado Español: personas con cardiopatías, enfermedades respiratorias u otras condiciones médicas graves que ponen en peligro su salud y que hay que sacar de la intemperie de los campos de refugiados griegos.

Muchos de estos casos cuentan con el apoyo de las instituciones autonómicas o locales, que tienen que encargarse de buscar dónde alojarlos y poner a disposición los centros donde serán tratados.

Pero si la llegada de estas personas no ha prosperado es porque estas instituciones esperan el visto bueno definitivo del gobierno español, quien, sobre el papel, es el único que tiene potestad para ofrecer asilo a las personas que buscan refugio.

A pesar de la predisposición de algunas administraciones para acogerlos y de los pronunciamientos públicos de diversas figuras del mundo político y entidades civiles, el gobierno español —que continúa repitiendo que está trabajando en ello—, no ha tramitado casi ninguno de los casos que se empezaron a presentar a partir del mes de junio pasado. Entretanto, varios voluntarios y organizaciones que trabajan sobre el terreno ya han alertado que muchas de estas personas vulnerables no se pueden permitir pasar otro invierno en los campos militarizados de Grecia.

Si bien es cierto que el país heleno ha seguido concediendo asilo a los casos más graves, a menudo no puede ofrecer los tratamientos médicos necesarios para estas personas. Voluntarios y organizaciones sobre el terreno constatan que el sistema sanitario griego está colapsado y que no se dispone de recursos suficientes. Actualmente en Grecia hay más de 60 000 refugiados, y para los casos más vulnerables el permiso de asilo no siempre es suficiente.

Por esta razón, las organizaciones piden a las distintas instituciones del Estado Español que se apresuren a tramitar los expedientes de estas personas. Recuerdan que ofrecer el visado comunitario extraordinario es una decisión política y que, si hace falta, se incluyan estos casos dentro de la cuota de 16 000 refugiados que el Estado Español se comprometió a acoger después del acuerdo con la Unión Europea. Un año después, sin embargo, solo han llegado 516.

Texto 
Joan Aleix Mata

Fotografía 
Facebook/bienvenidos refugiados